El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley para reforzar la soberanía científica y tecnológica de España

20 de noviembre de 2026
  • El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-ley para crear una red de centros de investigación que les permitirá, por su relevancia en el desarrollo de tecnologías estratégicas, ganar autonomía y capacidad para atraer talento.
  • La norma también permitirá agilizar la gestión, mejorar las condiciones profesionales de los investigadores e investigadoras y facilitar la transferencia de conocimiento en el conjunto del sistema público de ciencia e innovación.
  • Además, el Real Decreto-ley amplía los incentivos fiscales y las bonificaciones a la Seguridad Social para las empresas que innovan y crean empleo científico.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y del Ministerio de Hacienda, ha aprobado hoy un Real Decreto-ley para reforzar la soberanía científica y tecnológica de España, de forma que los centros de investigación españoles puedan competir internacionalmente y desarrollar tecnologías esenciales. Se trata del Real Decreto-ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad y la soberanía tecnológica en el ámbito científico e investigador, que establecerá un estatus especial para un grupo de instituciones públicas que desarrollen líneas de I+D+I directamente vinculadas a la soberanía tecnológica. Estas instituciones serán declaradas Centros de Interés Nacional para la Soberanía Científica y Tecnológica.

El objetivo es que esta red de centros pueda investigar en la frontera del conocimiento y trasladar sus resultados a la economía y a la sociedad con mayor rapidez. En un contexto internacional de intensa competencia tecnológica y de creciente importancia de la seguridad económica, la norma identifica la necesidad de que España refuerce sus capacidades estratégicas para competir internacionalmente en mejores condiciones.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que “con este Real Decreto-ley el Gobierno quiere que nuestros centros públicos de investigación puedan acelerar el desarrollo de tecnologías críticas para nuestro país y transferirlas antes a la economía y a la sociedad”. “La soberanía tecnológica también se construye desde la ciencia pública y desde la capacidad de transformar el conocimiento en oportunidades”, ha subrayado.

La ministra Morant ha asegurado que “en estos años, España ha colocado la ciencia en el corazón de sus políticas y de la transformación social. Esta apuesta nos sitúa hoy en mejores condiciones para afrontar un nuevo escenario internacional en el que el liderazgo científico y tecnológico determina cada vez más la capacidad de los países para decidir su propio futuro”.

Un estatus especial para tecnologías estratégicas

El nuevo estatus podrá aplicarse a consorcios y fundaciones del sector público y a entidades públicas acreditadas como centros Severo Ochoa y unidades María de Maeztu, siempre que desarrollen líneas de investigación de alto impacto que estén directamente vinculadas a la soberanía tecnológica.

Las diez áreas tecnológicas contempladas son:

• Semiconductores avanzados.

• Inteligencia artificial.

• Tecnologías cuánticas.

• Biotecnologías.

• Conectividad, navegación y tecnologías digitales avanzadas.

• Tecnologías avanzadas de detección.

• Tecnologías espaciales y de propulsión.

• Tecnologías energéticas.

• Robótica y sistemas autónomos.

• Materiales, fabricación y reciclado avanzados.

Inicialmente, el régimen se aplicará a un máximo de 20 centros. Tendrá una duración de cinco años y podrá renovarse una vez, hasta un máximo de diez. Una Comisión Interministerial integrada por 14 ministerios evaluará y aprobará la concesión, previo acuerdo del Consejo de Ministros. La presidirá el MICIU, con cuatro vicepresidencias correspondientes a Defensa, Transformación Digital, Industria y Economía.

Las líneas de investigación seleccionadas contarán con más flexibilidad para contratar personal y ofrecer condiciones retributivas competitivas; agilizar la compra de equipos, suministros y servicios; simplificar determinados trámites de justificación y contratación; formalizar convenios de forma más rápida; transferir resultados a terceros y constituir o participar en sociedades mercantiles conforme al derecho privado.

El Real Decreto-ley contempla, además, medidas específicas para el Barcelona Supercomputing Center, referente europeo en supercomputación e inteligencia artificial: la creación de una fundación pública adscrita a la Administración General del Estado que le dota de mayor autonomía de gestión y la autorización para crear una empresa que comercialice los resultados de sus investigaciones. Se mantiene el actual reparto de financiación entre las tres instituciones que participan en el centro.

Mejores condiciones para investigar y transferir conocimiento para todo el sistema de I+D+I

El Real Decreto-ley incorpora medidas para el conjunto del sistema público de I+D+I. Entre ellas, simplifica la firma y renovación de convenios, permite que los organismos públicos de investigación sean medios propios, regula las estructuras mixtas de investigación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y permite que los Ayuntamientos puedan establecer bancos de pruebas para el desarrollo y ejecución de proyectos innovadores o tecnológicos.

También mejora las condiciones de los profesionales del sistema: permite retribuciones superiores para investigadoras e investigadores distinguidos financiados con fondos externos; aclara y facilita la movilidad y la doble adscripción; amplía las compatibilidades en funciones docentes y sanitarias para investigadores de centros públicos; abre vías de promoción interna para el personal técnico; mejora las condiciones de los investigadores en puestos de responsabilidad y elimina autorizaciones previas para los contratos predoctorales y posdoctorales cofinanciados con fondos externos.

Para acercar la investigación a la sociedad y al tejido productivo, los investigadores y sus grupos podrán contratar con entidades públicas y privadas para valorizar sus resultados. Además, los centros públicos de investigación podrán realizar trabajos científicos y de formación para empresas, generando nuevas oportunidades de transferencia.

Más incentivos para que las empresas inviertan en innovación

El texto refuerza los incentivos a la innovación tecnológica y al empleo investigador en las empresas. Eleva del 12 % al 15 % la deducción fiscal por innovación tecnológica en los supuestos previstos; aumenta de uno a tres millones de euros el límite anual de monetización directa de estas deducciones para empresas que todavía no obtengan beneficios pero cuenten con actividad en innovación tecnológica certificada; y reformula determinados apartados de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para reforzar la seguridad jurídica.

Asimismo, aumenta de tres a cinco años las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para el personal con contrato indefinido dedicado en exclusiva a actividades de I+D y/o innovación tecnológica. Y en el caso de los contratos predoctorales, se eleva de 115 a 200 euros al mes la bonificación durante todo el tiempo que desarrollen su doctorado en la empresa.

Con estas medidas, el Gobierno busca dar un nuevo impulso a la competitividad del sistema científico, reducir dependencias tecnológicas estratégicas y acelerar la conversión del conocimiento en innovación, actividad económica y bienestar.