Proyecto de Real Decreto de reconocimiento y verificación académica y profesional de las titulaciones universitarias oficiales obtenidas en sistemas universitarios extranjeros

Este real decreto se articula asumiendo el acervo de conocimiento y de experiencia en los procedimientos de reconocimiento de titulaciones universitarias extranjeras desarrollando por las Administraciones Públicas en las últimas cuatro décadas.

Esta norma, partiendo de ese planteamiento, tiene como objetivo fundamental el resolver los problemas estructurales detectados en España en el ámbito de las homologaciones y declaraciones de equivalencia de los títulos universitarios extranjeros desde seis ejes de actuación fundamentales:

• asegurar el rigor académico,
• fortalecer la transparencia procedimental y la trazabilidad de los expedientes,
• impulsar la agilización en la resolución de la instrucción de los procedimientos para garantizar los derechos de la ciudadanía,
• promover la modernización y tramitación electrónica,
• consolidar la seguridad jurídica en los procedimientos de reconocimiento de titulaciones universitarias extranjeras obtenidas por cada solicitante,
• articular un sistema de información ágil, accesible y riguroso sobre el sistema de homologación y de declaración de equivalencias de títulos universitarios extranjeros, y con ello de la evolución de la gestión de cada expediente durante el desarrollo de los procedimientos.

Asimismo, se persigue un cambio estructural de todo el sistema de gestión de los procedimientos de homologación y de declaración de equivalencia, para responder a la intensificación del arribo de solicitudes y a la complejidad de las mismas.

Este incremento muy significativo de los flujos de profesionales que con titulaciones universitarias extranjeras han llegado a España en estos últimos años -consecuencia de diferentes contextos nacionales agravados por recesiones económicas, conflictos políticos o militares-, unos para ejercer una profesión y otros para continuar sus estudios universitarios de Máster o de Doctorado, y las crecientes demandas de determinados colectivos profesionales que manifiesta el mercado laboral español en el sector de servicios públicos y privados, que no son posible cubrir con la producción de egresados universitarios propia de nuestro sistema de educación superior, ha generado una significativa presión y una tensión importante sobre el sistema de reconocimiento de titulaciones extranjeras en España, contribuyendo a la emersión de un stock considerable de solicitudes no resueltas, como 5 consecuencia de que el sistema no era capaz de absorber en tiempo y forma este arribo masivo de solicitudes. Un hecho que desde el punto de vista de una administración democrática que no se puede producir. De igual modo, este genera incertidumbre e impactos sociales y legales entre la ciudadanía que ha solicitado el reconocimiento de su título universitario para ejercer una profesión o, en todo caso, tener un desarrollo laboral en nuestro país, y que esperan la resolución de su solicitud sin tener respuesta en el tiempo adecuado.

Ante esta situación, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades puso en marcha en 2024 un plan de choque, con el objetivo de revertir esta situación. Entre junio y septiembre de 2024 se analizó toda la información de las solicitudes pendientes y se construyó una base de datos que ha permitido valorar cuantitativa y cualitativamente todas las solicitudes. En octubre de 2024 se aprobó una Orden Ministerial con objeto de ganar operatividad en la gestión de los expedientes, sin perder un ápice de rigor académico y de formalidad procedimental. Con su aprobación se establecieron un conjunto de prioridades en la ordenación de los expedientes pendientes y los de nueva entrada, así como se cambiaron procedimientos y flujos de gestión de los expedientes.

En los últimos meses del año 2024 y principio de 2025 se preparó una encomienda al medio propio de la administración, INECO, para que actuase en promover la automatización y robotización de determinados procedimientos de gestión de expedientes de homologación y de declaración de equivalencias, y, asimismo, se les encargó el diseño de una nueva aplicación de gestión global e integral del sistema de reconocimiento y verificación de las titulaciones universitarias extranjeras. De igual modo, se reestructuraron las unidades internas en la Secretaría General de Universidades que operan sobre este sistema, optimizándose el uso de recursos humanos y de las diferentes fases del procedimiento de gestión de expedientes. Además, se ha avanzado en la trasparencia de la situación de cada expediente y en la información previa (haciéndola más concisa, rigurosa y comprensible) a que un ciudadano o una ciudadana, aquí y fuera del país, pueda solicitar esa homologación o declaración de equivalencia.

El resultado ha sido un salto espectacular en el volumen de expedientes resueltos durante el año 2025, disminuyendo notablemente el stock de expedientes pendientes, reduciendo el tiempo de gestión de un expediente, y mejorando la información 6 accesible en cada momento, sin menos cabo de garantizar el rigor académico en el análisis de la formación universitaria de los solicitantes.

Una vez que el plan de choque ha tenido éxito y se ha iniciado una etapa de mejora de la gestión mucho más sólida y dinámica, es cuando se hace necesaria la nueva norma que regule este sistema, partiendo del aprendizaje y de los resultados del plan de choque, teniendo presente las buenas prácticas que se desenvuelven en otros países, teniendo presente las recomendaciones y directivas de la Unión Europea sobre este tema, y asumiendo como un desafío estratégico de país el dar respuesta a las demandas internas, de nuestras empresas, de nuestros servicios públicos y privados, de profesionales de las diversas ramas del conocimiento. De esta forma, este real decreto persigue articular una nueva realidad estructural del sistema de homologaciones y de equivalencias, dotándolo de instrumentos jurídicos y de recursos de gestión para que se constituya en un sistema eficaz más parecido al existente en los principales países europeos.

En este sentido, esta nueva norma que parte de tres principios fundamentales:

• la libre circulación de las personas en igualdad de condiciones,
• la integración basada en la cohesión social del conjunto de la ciudadanía indistintamente de su lugar de nacimiento, residencia o nacionalidad,
• la movilidad entre países articulada bajo el axioma irrenunciable de la reciprocidad y del rigor académico en el reconocimiento de las titulaciones universitarias de que disponen los ciudadanos y las ciudadanas.

De ahí, la oportunidad de aprobar esta nueva norma, ante la trascendencia para nuestra sociedad y para nuestro mercado laboral, actual y futuro, tiene la llegada de estos titulados y de estos profesionales cualificados.

La participación estará abierta desde el día 27 de abril hasta el 18 de mayo de 2026, y las propuestas deberán remitirse a la dirección de correo electrónico participacionpublica.sgu@ciencia.gob.es