El GTM analiza el impacto desigual que ha tenido el COVID-19

El Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM), que asesora al Ministerio de Ciencia e Innovación y apoya al Gobierno en materias científicas relacionadas con el COVID-19 y sus consecuencias futuras, analiza en un nuevo informe el desigual impacto que ha producido la pandemia según condiciones socioeconómicas, laborales, educativas, de residencia, de edad o de género. Este nuevo informe explica por qué determinados colectivos han sufrido en mayor medida el COVID-19 y propone medidas para mejorar la brecha de las desigualdades.

El GTM sostiene que la condición socioeconómica afecta a la probabilidad de exposición al virus y al riesgo de contagio, a la gravedad de la enfermedad en caso de contagio y a los resultados en salud (mortalidad, morbilidad y secuelas a largo plazo). Este informe comienza analizando estas desigualdades directas en la salud, para a continuación describir las desigualdades indirectas derivadas de las consecuencias económicas de la pandemia sobre el trabajo, la renta y el bienestar.

Así, por ejemplo, el GTM afirma que las personas “de condición socioeconómica desfavorecida y grupos vulnerables están sujetas a mayor probabilidad de contagio por su mayor exposición al virus. Esta mayor exposición se debe en parte a su situación laboral: dificultad para teletrabajar, ocupaciones donde se trabaja en mayor proximidad, y condiciones laborales precarias que generan preocupación de perder el trabajo en caso de baja y condicionan a asumir más riesgos. También influye el usar habitualmente el transporte público y vivir en barrios con mayor incidencia (por agregación de los mayores riesgos individuales), en viviendas menos espaciosas y con frecuente convivencia intergeneracional”.

El informe destaca también las desigualdades de género, ya que durante la pandemia “ha aumentado sustancialmente la carga de tareas de cuidado de menores y de trabajo no remunerado en el hogar, sin apenas mejorar su reparto por género”. Además, subraya el perjuicio que esta crisis supondrá para los más jóvenes, que se han visto “más afectados de manera más directa en el mercado de trabajo durante la pandemia y tienen una mayor probabilidad de sufrir las secuelas permanentes de la recesión”.

Sobre su impacto en lugares con alta densidad de población, el informe afirma que el COVID-19 “ha afectado con particular intensidad a grandes metrópolis como Nueva York, Londres, Milán o Madrid. Sin embargo, en Estados Unidos, la correlación entre densidad de población y mayor incidencia de la pandemia antes del verano desaparece una vez que ajustamos la incidencia a un número específico de días desde el primer caso local. Es decir, el virus llegó antes a lugares más densos, pero, una vez allí, no se propagó con mayor rapidez. En España, el estudio de seroprevalencia ENE-COVID muestra una prevalencia media ligeramente más alta en ciudades con más de un millón de habitantes”.

El informe, por último, establece una serie de medidas para reducir la brecha de la desigualdad:

• Reducir la dualidad del mercado laboral, simplificando regulatoriamente las modalidades de contratos laborales y que el “contrato indefinido universal” sea la opción por defecto en las nuevas contrataciones.
• Mantener e incrementar el refuerzo educativo para facilitar la recuperación de los alumnos más afectados.
• Mejorar la estabilidad laboral y perspectivas de futuro en sectores muy feminizados.
• Aumentar la flexibilidad inter-temporal para permitir tener periodos de menor dedicación o productividad sin efectos irreversibles sobre la carrera profesional.
• Continuar durante unos meses más usando los ERTES por causa de fuerza mayor como herramienta para evitar que los vínculos productivos entre empresas y trabajadores se rompan.
• Proporcionar ayudas públicas para la supervivencia de empresas potencialmente rentables en condiciones ordinarias, evitando a la vez que disminuya la competencia y las barreras de entrada a nuevas empresas.
• Agilizar la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, dotando a la Seguridad Social de los recursos de información, físicos y humanos para que prepare de oficio un borrador de solicitud del Ingreso Mínimo Vital para aquellas personas y familias que tengan derecho al mismo.
• Ampliar plazos para becas y proyectos y para la incorporación de becarios y estudiantes al sistema educativo nacional.
• Lanzar un programa ambicioso de contratación y promoción de mujeres científicas y tecnólogas en todos los niveles, articulado a través de plazas específicas o mediante incentivos a las instituciones que reduzcan la brecha de género en ciencia y tecnología.
• Incluir en el protocolo de rastreo datos sobre las condiciones de la vivienda para el aislamiento, y facilitar, en caso necesario, cuarentenas en “arcas de Noé”.
• Implementar medidas para disminuir el riesgo de contagio en el transporte público, en particular mediante mejoras en los sistemas de renovación del aire.
• Emplear políticas no sanitarias (laborales, de vivienda, de medioambiente o de transporte) además de las sanitarias para conseguir salud poblacional de forma eficiente.
• Incorporar indicadores socioeconómicos básicos en las historias clínicas, y en los cuadros de mando de los hospitales, incluyendo indicadores de acceso y utilización por subgrupos socioeconómicos y subpoblaciones vulnerables como los inmigrantes.
• Establecer planes de recuperación de personas mayores que hayan padecido efectos adversos a largo plazo a nivel físico, cognitivo, psicológico y relacional, así como para sus cuidadores. Incluir indicadores socioeconómicos en los criterios de priorización.
• Implementar las recomendaciones específicas sobre las personas mayores y en residencias de ancianos, así como sobre sus cuidadores, contenidas en el informe anterior del GTM sobre el impacto de la COVID-19 en personas mayores.