La reforma de ley reconoce e impulsa la transferencia de conocimiento, una de las carencias del sistema de I+D+I español, y la sitúa como derecho, obligación y mérito en el Sistema, lo que permitirá incluir nuevos mecanismos como el sexenio de transferencia para investigadores. El objetivo de este pilar de la nueva Ley de Ciencia es incentivar el traslado directo del conocimiento y la innovación generados en el sector público a las empresas y a la sociedad.
La ley regulará la compra pública de innovación en sus dos modalidades: compra pública precomercial y compra pública de tecnología innovadora. Además, se posibilita a las administraciones públicas invertir en sociedades mercantiles mediante instrumentos que ya funcionan con éxito en universidades de otros países.
Por otro lado, la participación en beneficios derivados de los resultados de investigación ascenderá, al menos, a un tercio, en el caso del personal de los organismos públicos de investigación y entidades del sector público estatal. Además, se protege la posición pública cuando se transfieren derechos sobre los resultados de investigación.
La norma también contempla establecer bancos de pruebas regulados de I+D+I, también conocidos como sandboxes, que se llevarán a cabo únicamente con fines de investigación o innovación.
Por otro lado, las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), pasarán a llamarse Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OTC).
La ley también fomentará la participación de la ciudadanía en el proceso científico-técnico y se incentivará y reconocerá el papel del personal de investigación que realiza divulgación y de las Unidades de Cultura Científica.
