Una universidad al servicio de la sociedad y de la ciencia

Estrategia programática del Ministerio de Universidades

La Universidad es una institución fundamental para nuestras vidas. De la Universidad depende la educación de las personas, la igualdad de oportunidades para todas, el desarrollo económico, científico y tecnológico, la creación cultural, la afirmación de valores éticos y cívicos, la construcción de la identidad, el aprendizaje de la tolerancia y la solidaridad entre humanos, y la defensa de la libertad intelectual y de expresión mediante el estímulo del espíritu crítico.

Para que estos principios se hagan practica vivida son necesarias políticas institucionales, apoyadas en un marco normativo estable, tales como las que definimos a continuación

1. Universidad pública, gratuita y con enseñanza de calidad: prioridad al estudiantado

El sistema universitario debe organizarse prioritariamente en torno a universidades públicas financiadas por el Estado, que representan la gran mayoría del estudiantado de grado y de máster. Lo cual requiere:

• Precios públicos gradualmente reducidos hasta llegar a la gratuidad, en función de los recursos que se pongan a disposición de las Universidades públicas. Al mismo tiempo, es necesario que el Estado proporcione becas suficientes en número y cuantía, considerando la obtención de una beca como derecho subjetivo para que cualquier persona pueda acceder a la Universidad con independencia de sus recursos económicos.
• Una enseñanza de calidad, que incorpore los avances que se vayan produciendo tanto en las áreas de conocimiento como en la metodología docente. La realización de este objetivo implica la evaluación de la calidad de la docencia (tanto por parte de la Universidad como por agencias independientes) y la promoción del profesorado teniendo en cuenta, entre otros criterios, la calidad de su docencia.

La prioridad a la Universidad pública por parte del Estado no significa en modo alguno el menoscabo de las Universidades privadas, que dependen de sus propios recursos y gozan de autonomía en la definición de sus estrategias, dentro del marco jurídico común que todas las universidades deben respetar en el ámbito estatal y en los ámbitos autonómicos.

2. Universidad productora de conocimiento

La investigación científica, en todas sus ramas, es y debe ser un componente esencial de toda Universidad, dentro de las posibilidades y la especialización de cada Universidad.  Sin investigación no hay Universidad, sino centro de estudios superiores. Para cumplir este objetivo es necesario:

• Promoción del profesorado en función de su investigación, además de la evaluación en base a su docencia. Evaluación de la investigación según los estándares internacionales. A tal fin, el profesorado deberá disponer de tiempo suficiente para la investigación en el marco de su jornada laboral.
• Fortalecer los programas de doctorado con integración de los doctorandos y las doctorandas en proyectos de investigación junto con su profesorado, en el marco de Escuelas de Doctorado, salvaguardando su autonomía y sus condiciones de trabajo. Dotación presupuestaria y ayuda institucional a la investigación, mediante programas de becas predoctorales y postdoctorales, así como becas de movilidad nacional e internacional. Es necesario asegurar la articulación de la investigación universitaria con las del sistema público de investigación y con investigación de empresas bajo condiciones de estricto control académico y publicidad de los resultados.
• Dotación a las Universidades por parte de la Administración de infraestructura científica y tecnológica constantemente renovada, incluyendo laboratorios, bibliotecas, bases de datos y redes de conectividad con el máximo de capacidad, velocidad y latencia.
• Políticas que faciliten la participación de las universidades en redes y programas nacionales e internacionales de investigación.

3. Universidad al servicio de la sociedad

• Énfasis en la transferencia de conocimiento generado en la universidad, a administraciones, empresas y organizaciones de la sociedad civil incluyéndolo como criterio de evaluación del profesorado y centros universitarios
• Universidad comprometida con la justicia social y asimismo con la transición ecológica, tanto con su contribución al conocimiento y aplicación del conocimiento en esos ámbitos como en su propia práctica. Los campus y recintos universitarios deben ser prototipos de sostenibilidad y de afirmación de los principios de igualdad.
• Universidad como motor de la transición digital, experimentando e implantando buenas prácticas de digitalización, lo cual incluye transversalidad de digitalización en todas las enseñanzas. Así como la implantación de universidades virtuales y/o basadas en un modelo hibrido o semipresencial, en función de las necesidades y objetivos de enseñanza superior. Adaptación de la pedagogía a los requerimientos de la digitalización. Formacion de profesorado y estudiantado en competencias digitales.
• Universidad vinculada con su entorno territorial aportando las enseñanzas y líneas de investigación más adecuadas para el desarrollo económico y la cohesión social del territorio, en colaboración estrecha con los agentes económicos y sociales del territorio. Asimismo, la Universidad debe ser un factor clave para revertir el despoblamiento de algunos territorios.
• La salud pública debe ser un objetivo primordial, no solo en la prioridad de la Universidad a las enseñanzas e investigación en las ciencias de la salud, sino en la práctica de toda Universidad. En particular con sistemas de prevención y cuidado en el ámbito universitario, así como mediante el reforzamiento de la conexión entre las universidades y sus hospitales de referencia. Asimismo, deberá favorecerse la práctica del deporte y la educación física como actividad troncal en todas las áreas de conocimiento.

4. Universidad que contribuya al desarrollo económico y a la creación de empleo de calidad

Para ello:

• Relación productiva y sinérgica con empresas y sindicatos, mediante colaboración en prácticas de enseñanza, participación de profesionales en la enseñanza como el profesorado asociado, y programas conjuntos de especialización profesional según la evolución del mercado laboral.
• Colaboración con empresas en proyectos de investigación, asegurando la independencia académica de la colaboración y la distribución equitativa de patentes y beneficios resultantes de la colaboración. empresariado
• Programas de becas, en particular de masters y doctorados, financiados por empresas bajo estricto control académico por parte de las universidades.
• Financiación de proyectos especiales por parte de empresas, en particular en programas de investigación que favorezcan la atracción de talento internacional.
• Participación activa del empresariado, agentes económicos y sindicatos en los Consejos Sociales de las Universidades, contribuyendo a desarrollar enseñanzas específicas que incrementen la empleabilidad de los graduados y las graduadas en una perspectiva de largo plazo.

5. Un sistema universitario diferenciado y competitivo.

A partir de la cobertura de las necesidades básicas de las enseñanzas en todos los ámbitos de conocimiento, debería constituirse un sistema universitario diferenciado de forma que se proceda a una cierta especialización en aquellos estudios o campos científicos en que cada universidad concentre recursos académicos que respondan a las necesidades económicas, sociales y formativas del territorio. Tal concentración en algunos ámbitos de conocimiento debe orientarse a alcanzar un nivel de excelencia internacionalmente homologable, para lo cual la cooperación interuniversitaria con redes de centros de investigación y tecnológicos y con empresas innovadoras en los ámbitos seleccionados, en el contexto regional, irá constituyendo una masa crítica y producirá un valor añadido que permitan alcanzar los niveles de excelencia perseguidos. Dicha especialización deberá ser favorecida mediante políticas presupuestarias por programas y objetivos. 

6. Universidad internacionalizada

• Experiencia internacional y multicultural de profesorado, estudiantado y personal de administración y de servicios, mediante programas de intercambio financiados por el estado y las administraciones autonómicas y en colaboración con programas europeos y programas de cooperación internacional. Sería necesario adaptar la concesión de visados a universitarios extranjeros para tales fines.
• Participación en redes de investigación y enseñanza con universidades europeas y de otras áreas geográficas, incluyendo títulos conjuntos mediante la instauración de un título digital debidamente garantizado que obvie los procedimientos burocráticos de convalidación.
• Aprendizaje obligatorio de lenguas extranjeras en todas las enseñanzas

7. La Universidad como espacio de libertad y debate cultural

La tolerancia, la libertad de expresión y el intercambio de ideas y proyectos son principios básicos de la interacción en la comunidad universitaria. Para asegurar el cumplimiento de esos principios deberá reforzarse la figura del Defensor Universitario dotando a su oficina de medios suficientes para ejercer su labor.

• La convivencia en la comunidad universitaria deberá ser objeto de regulación específica.
• Las actividades culturales públicas, abiertas a todos, deben considerarse como parte esencial del programa de las universidades.

8. Universidad equitativa

La Universidad debe ser una institución comprometida con la igualdad y con la eliminación de cualquier forma de discriminación, sea por razón de género, clase social, origen nacional y/o étnico, sexualidad, diversidad funcional, edad, creencias religiosas, o cualquier otra fuente de discriminación de las personas.

• Dotación de suficientes recursos humanos y económicos a las Unidades de igualdad de género y las Unidades antidiscriminación para realizar su labor, en cuanto componente fundamental del sistema universitario.
• Promoción de políticas activas y obligatoriedad de contar con protocolos de actuación contra cualquier forma de acoso por parte de las universidades.
• Obligatoriedad de las universidades de disponer de un registro salarial y de llevar a cabo medidas de corrección de la posible brecha salarial por razón de género existente.  
• Implantación de medidas que favorezcan una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de decisión de las universidades, y en todas las figuras de contratación del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios.
• Adopción de medidas para impulsar la corresponsabilidad de los cuidados familiares en el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de la universidad.

9. Una Universidad autónoma, democrática y participativa

Las universidades se regirán por el principio de autonomía de la institución, en el marco de la gestión institucional y financiera del Estado y de las Comunidades Autónomas. Este principio de autonomía se traduce en la organización de sus enseñanzas y planes de estudio, así como en los procedimientos de elección de sus órganos de gobierno y en la práctica de su gobernanza. Un principio básico de esa gobernanza autónoma será un sistema de participación del profesorado, estudiantado y PAS en el quehacer de la Universidad. Al mismo tiempo, la Universidad deberá dotarse de mecanismos de decisión que permitan una gestión eficaz y ágil capaz de adaptarla al cambio constante de su entorno. Dichos principios deberán plasmarse en Estatutos propios de cada Universidad.

10. Una Universidad con financiación adecuada a partir de los presupuestos autonómicos mediante las correspondientes transferencias del Estado

 La financiación del sistema universitario debería constituir una prioridad del conjunto de los partidos políticos democráticos. En particular, debe compensarse a corto plazo la pérdida masiva de recursos de las universidades públicas en la última década, cifrada en más de un 20%. Lo cual requiere:

• Un compromiso efectivo de los gobiernos de incrementar y sostener la financiación de las universidades como prioridad de sus políticas
• Una responsabilidad de gestión por parte de las universidades que rindan cuentas adecuadamente del uso de los recursos públicos en función de los objetivos establecidos mediante programas acordados con las Comunidades Autónomas.

Sin una financiación adecuada los objetivos planteados en este documento se convertirían en simple proclama retórica. Si existe un acuerdo general sobre la importancia de la Universidad los partidos políticos y las Administraciones publicas deberían comprometerse definitivamente con la puesta a disposición de las universidades de los recursos presupuestarios y humanos necesarios para llevar a cabo su misión.