Consulta pública previa sobre proyecto de real decreto de modificación de normativa sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios

El sistema universitario español ha experimentado en los últimos años una profunda transformación alcanzando estándares de calidad equiparables a los de los principales países europeos, con cambios importantes que ha guiado su modernización consolidando su valor como instrumento clave del progreso de la sociedad española, pero también se ha constatado la evidente proliferación acelerada de nuevos proyectos universitarios promovidos, en ocasiones, por entidades con escasa trayectoria académica tanto docente como investigadora y, en algunos casos, autorizados pese a contar con valoraciones técnicas desfavorables efectuadas por el personal de la Administración Pública. 

En el curso 2026-2027 las universidades privadas concentran ya el 29% del estudiantado matriculado en estudios universitarios oficiales, y una proporción aún mayor de plazas. A este proceso se está sumando la rápida expansión de los modelos docentes virtuales o en línea, cuya implantación ha alcanzado una dimensión sin precedentes: en el curso 2026-2027, el 27% del estudiantado universitario español cursa enseñanzas en modalidad virtual, una proporción que duplica la registrada en países de nuestro entorno como Gran Bretaña y multiplica por numerosas veces la alcanzada en Alemania, Francia o Italia. 

De igual modo, se ha corroborado una insuficiente actividad investigadora, que es junto a la docencia una actividad fundamental de la universidad en el mundo desarrollado, en una parte significativa de las universidades de reciente creación, circunstancia especialmente preocupante si se tiene en cuenta que las universidades generan alrededor del 70 % de la producción científica española y que, entre 2021 y el 2025, las universidades públicas concentraron el 95% de los fondos competitivos de investigación captados por el sistema universitario.

Esta evolución ha suscitado una creciente preocupación acerca de la calidad y la cohesión del sistema universitario español en su conjunto, y de la continuidad de su papel articulado en el actual período democrático como potente mecanismo de igualdad de oportunidades, y generador de desarrollo económico y territorial en España. En este sentido, debemos tener presente que en los últimos veinticinco años se han reconocido 33 nuevas universidades privadas y ninguna universidad pública, hasta situarse el sistema en 50 universidades públicas y 49 privadas, con diversos nuevos proyectos actualmente en tramitación -diez más, todos ellos privados, en estos momentos concretados con sus respectivas memorias-. 

De mantenerse esta tendencia sin una actualización del marco regulador, existe el riesgo de que se consoliden modelos universitarios que no respondan de forma suficiente a los estándares de calidad docente e investigadora que históricamente han caracterizado a la universidad española, y que la equiparan a la Europa más desarrollada. Ello podría afectar no solo a las instituciones de nueva creación, sino también al prestigio, la credibilidad y la competitividad internacional del sistema universitario en su conjunto (incluyendo tanto a las universidades públicas como sobre las universidades privadas ya consolidadas y de larga y fructífera trayectoria académica), así como a la confianza de estudiantes, familias y empleadores en los títulos universitarios españoles.

Habida cuenta de los problemas descritos, resulta necesario revisar la regulación vigente en materia de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, contenida en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, con el fin de reforzar las garantías exigibles a los nuevos proyectos universitarios y asegurar unos estándares homogéneos de calidad en todo el sistema universitario. La experiencia acumulada desde la entrada en vigor de dicha norma ha puesto de manifiesto la conveniencia de actualizar determinados requisitos y procedimientos para adecuarlos a la realidad actual del sistema universitario y a las transformaciones que este ha experimentado en los últimos años.

La necesidad de la intervención normativa es apremiante. El sistema universitario español se encuentra inmerso en un proceso de rápida expansión y transformación, caracterizado por el notable incremento de iniciativas de creación de universidades, el crecimiento sostenido de la enseñanza virtual y la creciente relevancia de garantizar una actividad investigadora suficiente como elemento definitorio de la institución universitaria. Esta evolución está produciéndose a un ritmo superior al de la capacidad de respuesta del marco regulador vigente, cuyos instrumentos han evidenciado limitaciones para asegurar de forma efectiva unos estándares homogéneos de calidad en todo el territorio.

La aprobación de esta reforma no admite demora. De mantenerse el régimen actual, podrían seguir reconociéndose y autorizándose proyectos universitarios que no acrediten suficientemente los requisitos académicos, docentes, investigadores y de sostenibilidad institucional que deben caracterizar a una universidad. Ello favorecería la consolidación de dinámicas que, una vez asentadas, resultarían extraordinariamente difíciles de corregir, con el consiguiente riesgo para la calidad de las enseñanzas universitarias, el desarrollo de la actividad investigadora, la confianza de estudiantes y empleadores y el prestigio nacional e internacional del sistema universitario español. Por el contrario, una actuación normativa inmediata permitirá anticiparse a esos riesgos, reforzar la credibilidad del sistema y garantizar que su crecimiento futuro se produzca sobre bases sólidas de calidad académica, investigadora e institucional.

• Reforzar los requisitos exigibles para la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, garantizando que únicamente accedan al sistema proyectos que acrediten una adecuada solvencia académica, docente, investigadora, económica e institucional.
• Asegurar unos estándares homogéneos de calidad en todo el sistema universitario español, con independencia de la naturaleza pública o privada de las instituciones y de la modalidad de enseñanza impartida sea esta presencial, híbrida y virtual o en línea.
• Fortalecer la función investigadora de las universidades, garantizando que la actividad investigadora constituya un elemento real y efectivo del proyecto universitario y no una mera exigencia formal, y garantizando así que la universidad española sigue desarrollando una de las dos funciones esenciales como es la producción y transferencia de conocimiento que contribuye al progreso económico, social y territorial de España.
• Adaptar la regulación a la expansión de la enseñanza virtual, estableciendo requisitos específicos que permitan asegurar la calidad de las titulaciones impartidas en esta modalidad.
• Mejorar los mecanismos de evaluación y verificación previos a la autorización de nuevas universidades, reforzando el papel de los informes técnicos y la acreditación efectiva del cumplimiento de los requisitos legales, garantizando la independencia de las agencias que los emiten.
• Garantizar que las universidades dispongan de una masa crítica suficiente de estudiantes, profesorado, recursos e infraestructuras, que permita desarrollar de forma sostenible sus funciones de docencia, investigación y transferencia del conocimiento, que son consustanciales al hecho universitario.
• Preservar la cohesión, credibilidad y reputación del sistema universitario español, evitando que la existencia de proyectos insuficientemente consolidados afecte a la confianza de estudiantes, familias, empleadores y de la sociedad en su conjunto.
• Favorecer un crecimiento ordenado y sostenible del sistema universitario, compatibilizando la autonomía de las instituciones y la iniciativa privada con la protección del interés general y la garantía de la calidad del servicio público de educación superior.
• Reforzar la competitividad nacional e internacional de las universidades españolas, asegurando que las nuevas instituciones contribuyan efectivamente al avance del conocimiento, la innovación y la excelencia académica.
• Prevenir la consolidación de deficiencias estructurales de difícil corrección futura, mediante una actuación regulatoria temprana que permita anticiparse a los riesgos identificados y garantizar el desarrollo equilibrado del sistema universitario.

Entre las alternativas no regulatorias, se ha considerado el mantenimiento del marco normativo vigente complementado con recomendaciones, guías de buenas prácticas o mecanismos de coordinación entre administraciones y órganos de evaluación. Sin embargo, estas medidas carecen de la fuerza jurídica necesaria para garantizar de manera uniforme el cumplimiento de unos estándares mínimos de calidad por parte de los nuevos proyectos universitarios y no permiten corregir las insuficiencias detectadas en la regulación actual.

También se ha valorado la posibilidad de mantener sin cambios el régimen establecido en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio. No obstante, esta opción no permitiría dar respuesta a las transformaciones experimentadas por el sistema universitario en los últimos años descritas anteriormente.

En consecuencia, la alternativa más adecuada consiste en la aprobación de una modificación de la normativa vigente que actualice los requisitos y procedimientos aplicables a la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, reforzando las garantías de calidad, asegurando una aplicación homogénea en todo el territorio nacional y permitiendo afrontar de manera efectiva los retos que plantea la actual evolución del sistema universitario español.

El periodo de participación pública queda abierto desde el día 15 de octubre hasta el 30 de octubre de 2026.

Las contribuciones podrán hacerse a través del siguiente formulario.