La reforma de la Ley de la Ciencia garantiza por primera vez una financiación de la I+D+I pública y creciente para alcanzar el objetivo del 1,25 % de inversión pública en 2030, que garantiza un horizonte a medio plazo de financiación de los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, con efectos que perdurarán en el sistema.
Además, esta financiación estable permitirá a España converger con Europa, cumpliendo con el objetivo de financiación propuesto en el Pacto por la Ciencia y la Innovación de la UE y el Pacto por la Ciencia y la Innovación firmado en España por más de 80 organizaciones científicas, académicas, empresariales y sindicales.