El Gobierno aprueba un nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario para reforzar los derechos y la participación de los y las estudiantes

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), ha aprobado hoy el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario para reforzar los derechos, la protección y la participación del alumnado.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado que “con esta actualización, España da un paso adelante para adaptar el marco de derechos y deberes del estudiantado a los desafíos actuales de la universidad y de la sociedad, con garantías más concretas en ámbitos que han ganado importancia en los últimos años como, por ejemplo, la inteligencia artificial o el ciberacoso”.

El proyecto de Real Decreto supone una actualización del Estatuto de 2010 y desarrolla los derechos y deberes reconocidos en la Ley Orgánica del Sistema Universitario de 2023. La propuesta sitúa en el centro la participación, el bienestar, la inclusión y la calidad de la formación universitaria, con el objetivo de que el estudiantado sea parte activa de las decisiones que le afectan y de la comunidad universitaria.

El texto se ha acordado con la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), con los y las representantes estudiantiles del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) y la Coordinadora de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP).

Reconocimiento expreso del derecho al paro académico

Una de las principales novedades del proyecto es el reconocimiento expreso del derecho al paro académico, que podrá ser total o parcial. Las universidades deberán regular las condiciones y los procedimientos para ejercerlo, con participación de la representación estudiantil y respetando el derecho a la educación.

Además, se refuerza el derecho del alumnado a participar en los órganos de gobierno y representación, en los procesos de elección y en la elaboración de las normas que le afectan. El proyecto también impulsa el acceso a la información y los mecanismos de seguimiento y evaluación, desde el principio de corresponsabilidad del estudiantado en la comunidad universitaria.

La salud mental y la prevención del acoso, entre las prioridades

El proyecto reconoce el derecho a recibir orientación y atención psicológica y de salud mental, gratuita y accesible. También prevé que las universidades dispongan de unidades de apoyo y protocolos de prevención, actuación e intervención ante conductas suicidas.

En materia de protección, contempla protocolos específicos frente al acoso y el ciberacoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual o identidad y expresión de género, así como frente al acoso personal o bullying. De esta manera, refuerza los principios de igualdad, inclusión y no discriminación.

Más igualdad de oportunidades e inclusión

El nuevo Estatuto reconoce el derecho a compatibilizar los estudios con el trabajo y la vida familiar. Para ello, prevé que las universidades avancen en planes de conciliación y contempla medidas adaptadas a las posibilidades organizativas de cada institución, como los estudios oficiales a tiempo parcial y la suspensión temporal de los estudios, conforme a la normativa universitaria.

También refuerza los derechos a la adaptación curricular, el apoyo educativo y la accesibilidad para estudiantes con discapacidad, necesidades específicas de apoyo educativo y dificultades de aprendizaje.

El proyecto amplía expresamente su ámbito de aplicación a universidades públicas y privadas, centros adscritos y formación permanente, con independencia de la modalidad docente.

Más transparencia y garantías en la formación

El proyecto refuerza el derecho del estudiantado a conocer los planes docentes antes de que se abra el plazo de matrícula, con información sobre contenidos, profesorado, idioma, modalidad, prácticas y evaluación.

Asimismo, establece garantías frente a cambios en los criterios de evaluación una vez iniciada la docencia y cerrada la matrícula, salvo mediante el procedimiento previsto y debidamente justificado. También concreta derechos relacionados con las prácticas académicas, la supervisión universitaria y la tutela y orientación de los trabajos de fin de grado y de máster.

En el ámbito de la orientación profesional, reconoce el derecho al asesoramiento socioprofesional y a recibir información sobre las oportunidades laborales vinculadas a los estudios.

En cuanto a la movilidad, prevé mecanismos de información, orientación y financiación, con atención especial a las desigualdades socioeconómicas y a la discapacidad.

El texto refuerza, además, los principios de equidad y transparencia en las becas y ayudas, la consideración de la situación socioeconómica, la portabilidad de las becas estatales en todo el territorio nacional y el acceso a servicios universitarios accesibles y de calidad.

Universidad digital

El proyecto incorpora garantías relacionadas con la seguridad de los medios digitales, los derechos fundamentales en Internet, la protección de datos y el reconocimiento de la autoría y la propiedad intelectual de los trabajos académicos.

También contempla el derecho a la desconexión digital, con excepciones para comunicaciones extraordinarias, como cambios urgentes de exámenes o alertas. En materia de integridad académica, recoge entre los deberes del estudiantado abstenerse de procedimientos fraudulentos en pruebas y trabajos, especialmente del uso inapropiado de inteligencia artificial generativa y otras tecnologías.

Otras novedades relevantes

El Estatuto incluye, asimismo, garantías específicas para los estudios de doctorado, vinculadas a la formación investigadora de calidad, la tutoría y supervisión de la tesis por personal con experiencia acreditada, el desarrollo de la carrera investigadora, la movilidad, la propiedad intelectual y la participación en la evaluación de los programas.